PRONUNCIAMIENTO
En el marco de la primera Junta de Gobierno del 2018 de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, los/as representantes de las diferentes provincias nos pronunciamos.

En la actualidad estamos atravesando una fuerte persecución política a nuestra profesión. Nuestras incumbencias profesionales son intrínsecamente contrarias a las políticas de ajuste y represivas.

Por lo tanto:
Repudiamos los 60 despidos producidos en la Subsecretaria de Gestión y Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que implica un giro hacia intervenciones violentas en las barriadas populares. Estas acciones rememoran las prácticas de los gobiernos de la dictadura.
Creemos que los despidos a profesionales de Trabajo Social tienen un tinte disciplinador a nuestras prácticas e incumbencias. Por lo tanto denunciamos las persecuciones políticas por filiaciones gremiales y por los posicionamientos en las intervenciones en un marco de ejercicio ético político de la profesión.

En este contexto de políticas represivas queremos repudiar el asesinato del niño Facundo Ferreira de 12 años de edad ocurrido en Tucumán. Como profesionales de Trabajo Social nos indigna profundamente estos hechos porque atentan a los derechos de las infancias y adolescencias. Creemos que el Estado es responsable de la estigmatización de los más chicos como peligrosos, del avance de la lógica represiva y punitiva, de la legitimación del accionar ilegal de la fuerzas de seguridad, especialmente con la celebración desde el gobierno nacional de la llamada «Doctrina Chocobar”.

Queremos pronunciar nuestra profunda preocupación ante el asesinato brutal de Cristian Cortez mediante un linchamiento producido en la provincia de San Juan. Hacemos nuestras las palabras de la antropóloga Rita Segato en su concepto de Pedagogía de la Crueldad, que postula que en la historia de la humanidad coexisten dos proyectos opuestos: el de las cosas, que produce individualismo, y el de los vínculos, que produce comunidades. Las cosas son más importantes que las personas y tratamos a las personas como cosas. Desde nuestros proyectos éticos políticos construimos vínculos, construimos comunidad. Desde nuestra profesión no podemos permitir este asesinato cruel, exigimos justicia.

Finalmente, el 6 de marzo fue presentado en el parlamento argentino por séptima vez el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo. Convocamos a los colegios y consejos profesionales a instalar el debate para poder reflexionar ante el ejercicio del derecho humano a la salud que como profesionales no podemos ni obstruir ni menoscabar. Exigimos la Educación Sexual Integral en el sistema educativo en su conjunto, porque consideramos urgente educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Observamos con preocupación el accionar de los medios hegemónicos de comunicación de naturalizar el ajuste y la pérdida de derechos conquistados, y la creciente criminalización de las organizaciones políticas y sociales que se movilizan para expresar su oposición.

Es indispensable que desde los colegios y consejos profesionales llevemos a cabo espacios de encuentros de reflexión e información para que cada profesional de trabajo social pueda tener un pensamiento crítico ante la situación social actual.

Por último, convocamos al trabajo social argentino a movilizar en defensa de los derechos humanos junto a los organismos de DDHH, los gremios, organizaciones sociales y políticas este 24 de marzo y 2 de abril.