Noticias

Preocupación por dichos del vicepresidente de la Corte Suprema


La Comisión Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Entre Ríos expresa su malestar y preocupación por las recientes declaraciones del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , Dr. Carlos Rosenkrantz, al afirmar que “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades (…)”; en el marco de una conferencia titulada Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica, organizada por la Universidad de Chile.

Esta aseveración al ser pronunciada por quien se encuentra investido de la institución máxima que imparte justicia en nuestro país, nos provoca una profunda preocupación en tanto profesionales de Trabajo Social, que tiene como horizonte de sentido y enfoque de intervención, la defensa, promoción y restitución de derechos vulnerados a distintos sectores de la población. Máxime si tomamos en cuenta los últimos datos del Indec, que marcan que el % 37 de la población en general y el 51 % de niños y niñas menores de 15 años se encuentran bajo la línea de pobreza, es decir millones de argentinos y argentinas sufren condiciones de vidas paupérrimas, y por ello nos preguntamos desde la perplejidad que nos impone estos dichos: ¿Cómo es posible que un juez de la Corte supedite el acceso a la justicia a las disponibilidades materiales y simbólicas existentes? Cómo es posible que hable de costos, de escasez la -casi- máxima autoridad de la Nación, ante tamañas desigualdades e injusticias? Será que «la justicia es como la serpiente, que solo muerde a los descalzos» (Eduardo Galeano)?.
Debemos recordar que nuestra Constitución Nacional garantiza los derechos civiles, políticos y sociales de las personas a través de la incorporación de diversos tratados, pactos y convenciones internacionales.

Por ello, como trabajadores y trabajadoras sociales alzamos la voz desde un imperativo ético y político, que se sustenta en anhelos y aspiraciones de crecientes niveles de ciudadanización social que todo estado de derecho debe garantizar a través de sus instituciones democráticas. El derecho a tener derechos es un principio que no puede ni debe ser monetizado.