El 24 de marzo del año 1976 se produce el último Golpe de Estado en la Argentina. La democracia se debilitaba en un contexto latinoamericano que venía siendo golpeado por la persecución  a los/as intelectuales, a los/as sindicalistas, a los movimientos populares, a los movimientos obreros y estudiantiles, a los movimientos culturales, persecución a los/as artistas que denunciaban la desigualdad social y la inequidad económica que producía la acumulación de la riqueza.

     Argentina no escapa a este contexto. Se venía gestando un plan sistemático de destrucción  de las instituciones democráticas con el objetivo de instalar una política económica neoliberal que implicó el vaciamiento del Estado para que se beneficien  unos pocos, los  dueños de los grupos económicos concentrados en perjuicio de la amplia mayoría. Para dar cumplimiento a este objetivo mezquino de desigualdad económica de acumulación, se instauró el golpe de estado en Argentina.

El gobierno de facto se caracterizó  por el desmantelamiento del Estado,  el vaciamiento de las políticas públicas, la educación, la salud, la profundización de la desigualdad social y la destrucción del tejido social, convirtiendo al Estado en un brazo armado contra sus propios ciudadanos a través del terrorismo de Estado.

  La dictadura militar persiguió, encarceló, torturó y desapareció a los/as luchadores/as sindicales y sociales que resistieron al ajuste económico, a los/as intelectuales, vació las universidades, los sindicatos, las organizaciones libres del pueblo, instaló el robo y la  apropiación ilegal de bebés, cometiendo crímenes de lesa humanidad con  30.000 compañeros/as detenidos desaparecidos.

Desde el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Entre Ríos, nos toca hoy estar representando a los/as profesionales que trabajamos con situaciones de personas que sufren  la desigualdad económica y social, buscando la reparación y restitución de los derechos vulnerados que producen la desigualdad económica. Bregando por la accesibilidad del ejercicio pleno de todos los derechos para todos los/as ciudadanos/as.

    Es el Estado quien tiene la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos, de implementar políticas que  incluya  a todos y todas  desde una perspectiva de derechos, fortaleciendo los nuevos, regulando la economía y el consumo interno, garantizando la educación  pública y la accesibilidad a los bienes, materiales, simbólicos, sociales y culturales.

  Se debe fortalecer  la educación pública garantizando que todos nuestros niños, niñas y adolescentes ingresen y permanezcan en el sistema educativo, evitando la judicializacióny la criminalización de la pobreza.

   Nos quieren confundir con la idea equivocada de que para que haya más  seguridad hay que bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes,  sin cambiar el modelo económico que los deja fuera de discurso.

  También es  una idea equivocada tratar de combatir el flagelo de la violencia de género sin declarar la emergencia sobre el mismo y sin fortalecer presupuestariamente las áreas que trabajan con esta problemática.

  El Estado debe gestionar, promover, prevenir y garantizar todos los derechos, de todas las edades, cuidando la movilidad jubilatoria y generando políticas activas para la tercera edad.

A 41 años de la noche más oscura nos pronunciamos a favor de la  construcción de espacios participativos, solidarios que contemplen todas las voces y todas las miradas. Nunca Más al autoritarismo, persecución y muerte por pensar diferente. Juicio y castigo a los responsables de la desaparición forzada de personas.

Memoria, Verdad y Justicia.

Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Entre Ríos.

Paraná, 24 de marzo de 2017