Atento al tratamiento en la Cámara de Senadores de la Nación, el próximo miércoles 8 de agosto de 2018; del Proyecto de Ley sobre despenalización del Aborto “Proyecto de Interrupción Voluntaria del embarazo” , que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación; y considerando:
Que desde su presentación el mismo cuenta firmas y adhesiones de legisladoras/es, numerosas instituciones y organizaciones públicas: universidades nacionales y provinciales, redes-colegios y asociaciones de profesionales, federaciones académicas, instituciones de salud, educativas, organizaciones de la sociedad civil, red de jóvenes y adolescentes, ciudadanas/os sin y con pertenencias institucionales, y que conforman un amplio espectro de representaciones y voces sociales, culturales y políticas .
Que el referido proyecto pretende saldar una deuda de la democracia que ya lleva treinta y cuatro (34) años, sin resolver un problema de salud pública en el riesgo de salud y de vida de mujeres que recurren a la clandestinidad insegura y su despenalización terminaría con la criminalización de la decisión de la mujer sobre su cuerpo, constituyéndola a esta y a quienes colaboran con la interrupción del embarazo en delincuentes.
Que el mismo se constituye en un problema de justicia social ante la inequidad ya que solo pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo segura quienes tienen acceso económico para la realización de esa práctica médica.
Que el proyecto explicita claramente las causales del aborto no punible y que las mismas ya fueron enunciadas en el código penal en el año 1921 y fundamentados ampliamente en el Dictamen de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012 a través del caso FAL.
Que nuestra provincia no es ajena a los numerosos casos de abortos en condiciones de clandestinidad insegura y como consecuencia de ello muchas mujeres niñas, adolescentes, jóvenes y adultas son sometidas a continuar con un embarazo producto de una violación, no deseado, que pone en riesgo la salud integral de esas mujeres, y otras también mueren o sufren severas secuelas como consecuencia de esa clandestinidad.
Que el Trabajo Social es una disciplina profesional cuyos fundamentos éticos se sostienen en los derechos humanos, en la dignidad humana, en la justicia social y en la autodeterminación de las personas en este caso mujeres ciudadanas con derechos.
Desde el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Entre Ríos -COTSER adherimos y apoyamos la aprobación del proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal seguro y gratuito, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, por considerar la problemática del aborto clandestino e inseguro un riesgo para la vida, la salud y la seguridad jurídica de las personas gestantes siendo este un problema de salud pública, de justicia social, de derechos humanos y una deuda de la Democracia.
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