«Al fin y al cabo, el miedo de la mujer
a la violencia del hombre es el espejo
del miedo del hombre a la mujer sin miedo».
Eduardo Galeano

Desde el Foro Federal de Géneros y Diversidad Sexual de la Federación Argentina de Asociaciones Profesional de Servicio Social (FAAPSS), una vez más, repudiamos las violentas muertes de mujeres dentro de nuestro territorio argentino.

Úrsula Bahillo, una joven de 18 años, de la provincia de Buenos Aires, Mirna Elizabeth Palma, de 44 años, de la provincia de Formosa, Silvia Rojas, de 31 años y su hermana, Silvana Natalia, de 35 años, ambas de la provincia de Santiago del Estero, Ivana Módica, de 47 años, de la provincia de Córdoba, se suman (entre otras) a la lista de los más de 48 femicidios ocurridos durante lo que va del año 2021(1).

El común denominador en ellas fue el pedido de auxilio materializado en denuncias ante una fuerza de seguridad y una justicia que las desoyó (2).

En varios de los casos los femicidas pertenecen a la fuerza policial o militar. Úrsula fue asesinada por su ex novio (Matías Ezequiel Martínez), un agente de la policía bonaerense, quien recibió toda la protección del Estado, otorgándole licencia psiquiátrica luego de un derrotero de delitos infringidos hacia otras mujeres (incluso por presunto delito de abuso
sexual hacia una adolescente con discapacidad). Para este sujeto hubo sanciones administrativas, licencias reiteradas, retiro de arma reglamentaria, juntas médicas, carpetas psiquiátricas (sin suspensión de haberes), todos hechos que dan cuenta que la fuerza policial “lo contuvo” y la justicia avaló (de una u otra forma) todo su accionar. Muy diferente fue la respuesta de la política pública para Úrsula. Para ella no hubo Estado ni Ley alguna que la protegiera, aún con las 18 denuncias efectuadas. Mirna fue asesinada por Carlos Medina, un oficial retirado de la policía formoseña. Silvia había realizado una exposición policial, comunicando los conflictos con su pareja. Ivana fue asesinada por su pareja, Javier Galván, vicecomodoro de la Fuerza Aérea (y podríamos seguir).

Además, detrás de estas muertes, otras víctimas directas surgen: niñeces que deben atravesar los episodios traumáticos ante la pérdida de sus madres y hasta incluso, presenciar el asesinato de ellas en manos de sus progenitores, como ocurrió en Santiago del Estero. Así, como cada 23 horas muere una mujer, cada 23 horas une niñe queda en situación de orfandad en nuestro país.

Consideramos importante tener presente que también existen situaciones que muestran el comienzo de una denuncia por violencia de género, como el caso de la Provincia de Santa Cruz, ocurrido el pasado 17 de febrero de 2021, en el que un hombre arrastró con el auto a su expareja (la mujer
intentaba evitar que se llevara las llaves de la vivienda donde vivía con sus hijes). Esta situación fue presenciada por vecines, quienes se sumaron a testificar en la denuncia realizada ante la justicia.

Para que no queden impunes estas denuncias -y todas las que día a día realizan las mujeres en toda la Argentina-, exigimos al sistema judicial que actúe con celeridad, resuelva rápidamente y sin dilaciones, de manera que se provea justicia ante todos estos hechos.

Es entonces por todo lo antes referido que ratificamos la necesidad de dar efectivo cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales que velan por la integridad de las mujeres en todos los ámbitos de sus vidas. En ellas, hacemos especial énfasis en la implementación de la Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, para que todes les funcionaries que se desempeñan en los tres Poderes del Estado y en todos los niveles jerárquicos sean capacitades en perspectiva de géneros y disidencias sexuales, principalmente para quienes se desempeñan en el ámbito de la
Justicia y de las Fuerzas de Seguridad, instituciones cuya función social es la de proteger y hacer justicia legítima. Estos organismos deben ser los primeros en incorporar la perspectiva de géneros, disidencias sexuales y Derechos Humanos en el accionar cotidiano que desarrollan y en los procesos formativos de noveles agentes, pues -de lo contrario- terminan reproduciendo una violencia institucional que ya debería haber sido desterrada, con los significativos avances alcanzados en materia Derechos Humanos de mujeres y disidencias sexuales.
Es imperioso que como sociedad tengamos un rol activo contra las violencias machistas en lo cotidiano y que aprendamos a no permanecer indiferentes. La justicia penal sólo interviene ante los hechos consumados, la sociedad debe hacerlo mucho antes, para prevenirlos. La indiferencia y el
silencio social se constituyen en una complicidad que también mata. Debemos repensar y actuar para cambiar la popularizada frase de “crónica de una muerte anunciada” por acciones concretas que despojen a la cultura heteropatriarcal de sus validados mecanismos de imposición.
Como profesionales del trabajo social, es nuestra responsabilidad continuar trabajando en la deconstrucción de estereotipos y patrones de masculinidad y feminidad basados en la heteronormatividad, el binarismo, el patriarcalismo y el sexismo, en nuestras vidas y en cada una de
nuestras intervenciones profesionales (3). Debemos involucrarnos con las personas y con las estructuras sociales (en los diversos campos del ejercicio profesional) para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar (Ley Federal de Trabajo Social 27.072, art. 4), en este caso de las mujeres. Porque vivas, libres y sin miedos las (nos) queremos.

Que el deseo expresado por Úrsula días previos a ser asesinada sea como un faro que nos oriente, para nunca bajar los brazos:

niunamenos #vivasnosqueremos #elEstadoesresponsable #bastadecomplicidadpolicial

esAHORA #esURGENTE #bastadeFEMICIDIOS #emergencianacional

(1) Para datos actualizados del informe presentado por el Observatorio de Femicidios “Adriana M. Zambrano”. Disponible en
https://www.facebook.com/la.delencuentro/

(2) Imposible no recordar el femicidio de Paola Tacacho (32 años), profesora de inglés, ocurrido en Tucumán el 30 de octubre del año 2020, a manos del femicida Mauricio Parada Parejas (quien la apuñaló en la vía pública). Las semejanza con el femicidio de Úrsula son contundentes: el accionar de la justicia patriarcal, ya que Paola también había realizado múltiples denuncias durante cinco años, en los cuales vivió bajo el constante hostigamiento y acoso por parte de su femicida.

(3) La Educación Sexual Integral (ESI) es, sin duda, un valioso dispositivo de trabajo del que debemos apropiarnos, sea que nos desempeñemos directamente en el campo educativo o no. Los ejes conceptuales de la ESI (Ley 26.150) contribuyen al abordaje integral de la sexualidad en cualquier campo, y debemos propiciar el no silenciamiento de ninguno de ellos,
a saber: perspectiva de Derechos Humanos, emocionalidad y afectividad, cuidado del cuerpo y la salud, perspectiva de género y respeto por la diversidad. La ESI no es sólo para la escuela. La ESI es para la vida. Debemos conocer y apropiarnos de este dispositivo de la política pública, esencial para la prevención de la violencia de género.

Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social
Foro Federal de Géneros y Diversidad Sexual
Noveno pronunciamiento (febrero de 2021)