De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda persona tiene derecho a la seguridad social y a un nivel de vida digno, lo que incluye la posibilidad de manifestarse pacíficamente en defensa de sus derechos.

“La represión estatal sobre quienes han trabajado toda su vida y exigen legítimamente el cumplimiento de derechos básicos, como una jubilación digna y acceso a una vida sin precariedad, refleja una política de criminalización de la protesta social que atenta contra principios democráticos fundamentales”, expresan desde el Colegio.