¿Qué prima y que prisma utilizamos en cada intervención? ¿qué se priorizan, los objetivos institucionales o la escucha activa de la victima (sujeto social), qué respuesta se da? ¿A partir de qué parámetros jurídicos o interdisciplinarios?
Desde hace más de diez años me desempeño profesionalmente en el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) y una de las temáticas en la que soy parte en el proceso interventivo es el de “Violencia de Género”. En estas situaciones me encuentro acompañando a mujeres, madres atravesadas por las violencias, el dolor, la desesperación, la desolación, solas con realidades muy complejas. Las intervenciones profesionales me plantean el desafío de tener que hablar con la víctima de las medidas judiciales, los tiempos procesales, la ratificación de la denuncia, su declaración, todo un sistema de justicia-control, además desde un quehacer profesional y enfoque de derechos de las mujeres, de valorización, fortalecimiento, empoderamiento en donde se visualicen como sujetos de derechos e intentando un acompañamiento de trayectorias de vida.
Ante la realidad social y económica de estas mujeres-familias que entran en el circuito penal en una situación de extrema vulnerabilidad y pobreza estructural, se las asesora e informa sobre el proceso, las implicancias y se las acompaña-contiene en las medidas judiciales, coordinando otras acciones-demandas con el territorio. Muchas veces refieren que no quieren/ no pueden continuar con el proceso penal, ya que son atravesadas por una dura crisis económica-familiar.
En este contexto se observa el déficit del Estado, su fragmentación y el de las instituciones estalladas y vaciadas que deben actuar previa y preventivamente. Muchas veces no logran re localizar la demanda, obligando a la victima de alguna manera a resolver su situación familiar sólo por la vía judicial, que termina por no contenerla. Aquí encontramos una fuga de recursos que siguen siendo escasos, aunque se evidencie la voluntad política, principalmente de algunos profesionales de instituciones de territorio que intentan asistir a estos sectores excluidos.
Desde un equipo de trabajo con perspectiva de género afirmo que uno de los principales obstáculos de la mujer víctima de violencia es el sostenimiento-sometimiento económico y familiar, en donde el estado no da todas las respuestas y el sistema penal no parece ser la solución de los problemas planteados. Vale interrogarme por el intento de correrme de una postura hegemónica al preguntarme si la judicialización de la vida familiar implica garantizar el fin de la violencia o de las problemáticas sociales que padecen?
Como Trabajadorxs sociales sabemos de la burocracia pone sus trabas y debemos apelar a la intervención creativa reconociendo como juega la “subjetividad heroica” para poder dar respuesta en estos contextos adversos donde el sostenimiento económico se transforma también en un motivo de incertidumbre que impacta en diferentes dimensiones del padecimiento subjetivo.
¿Dónde queda la accesibilidad de derechos de estas mujeres? Lamentablemente en este tipo de situaciones se ponen al descubierto la soledad y la vulnerabilidad de muchas mujeres y sus hijxs y es necesario construir condiciones cada vez más hospitalarias que les permitan el reconocimiento de ese otro como sujeto, pensante, sufriente y haciendo recorrido de su propia historia.
Para la atención-asistencia adecuada de situaciones de violencia de género es fundamental escenarios de cambios que se instalen en los contextos actuales en donde los procesos de intervención profesional “tradicional” deben ser dejados a un costado y replantear como seguir, con qué elementos, fundamentos y cuestionamientos, muchas veces a la sombra de antiguos dispositivos institucionales que generan confort pero que no dan respuesta a los sujetos de intervención dejando la linealidad de un proceso interventivo que no funciona más.
Esto requiere de una política global con equipos de trabajo especializados que formen parte de una sólida red de abordaje que permitan determinar los factores de riesgo, brindar información y realizar coordinaciones interinstitucionales para tomar medidas de protección y visibilización de la temática. Es fundamental que los operadores jurídicos y no jurídicos tengan formación especializada para desterrar los prejuicios y estereotipos presentes en las respuestas que reciben las mujeres víctimas, permitiendo una aproximación al fenómeno de la violencia de género.
Pensar modos de abordaje que garanticen el acceso a justicia no solo brindando patrocinio jurídico sino también políticas sociales activas que sostengan a las mujeres durante el proceso penal planteando una reacción multidisciplinar, incluyendo medidas que atienden a aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a la víctima y su entorno familiar inmediato.
La escucha interdisciplinaria es una herramienta imprescindible en estos contextos y al momento de las prácticas interventivas, en donde se ponen en juego nuestros conocimientos-construcciones y poder evaluar un real acceso a justicia. Que las víctimas a las cuales asistimos y acompañamos sean vistas como sujetos sociales de derechos ya que son una construcción histórica, una relación vinculante entre las individualidades, lo colectivo, lo político, los contextos y sobre todo los fenómenos sociales.
Cabe aclarar que lxs trabajadores sociales que nos desempeñamos en Instituciones del Estado estamos ante intervenciones profesionales que se instalan en esa encrucijada en clave dicotómica que nos tensiona entre el potencial emancipador en este caso de acceso a justicia desde la mirada de sujetos de derecho y pensarnos a la vez que representamos a ese aparato controlador del Estado que dice ser justo.
El trabajo social se caracteriza por su dinamismo interpelando, resistiendo, cuestionando para redefinir nuestras intervenciones y hacernos de nuevas herramientas. Por ello es momento de reconfigurar y reconstruir las prácticas y abordajes en situaciones de violencias de género en pensar desde un trabajo social crítico, en donde se actué en clave de violencias, sin estigmatizaciones, sin prejuicios, sin el dedo acusador en donde las intervenciones tengan lentes basados en los DD.HH., y desde un sistema judicial que priorice una escucha activa-empática con las víctimas que rompan con viejos anclajes….
