En ese marco, integrantes del Consejo Directivo concurrieron al lugar de trabajo de las y los trabajadores sociales afectados por el desmantelamiento de este organismo del Estado nacional. También participó del encuentro el asesor legal del Cotser, Juan Leyes, con quién se revisaron las diferentes situaciones para evaluar las herramientas legales disponibles y acciones a llevar adelante en cada caso. 

De las 83 personas que integran el CDR Entre Ríos, 27 son trabajadoras y trabajadores sociales. Junto a otros profesionales, técnicos y administrativos desempeñan tareas y funciones en áreas y programas tales como: Economia Social, Abordaje Integral, programa Alimentario, Ex SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), Agencia Siempro (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales), programa Acercar Derechos en situaciones de violencia de Género, ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) e INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). 

Las autoridades locales que cesaron en diciembre pasado no fueron reemplazadas. Tampoco se han enviado directivas ni presupuesto para la continuidad de las tareas que se venían desarrollando hasta el momento. Los  despidos y desvinculaciones de las y los trabajadores se realizaron por correo electrónico, sin argumentos ni evaluaciones previas de sus desempeños.

Así mismo, no se ha renovado el contrato de alquiler del lugar donde funcionan las oficinas. Por tanto, ante un inminente desalojo, las y los trabajadores tampoco tendrán lugar físico donde realizar sus tareas. 

Se reitera que estos espacios de atención a personas provenientes de los sectores más vulnerabilizados de la sociedad serán ahora reemplazados por un 0800.

No al desmantelamiento de las instituciones nacionales con base territorial.

No a los despidos de trabajadoras y trabajadores que garantizan derechos.