Pronunciamiento

Desde el COTSER nos sentimos en la necesidad de acompañar al personal de la residencia EL SOL, quienes vienen padeciendo una situación de profundo malestar, producto de políticas institucionales que vulneran derechos y generan precarización. En ese sentido, la decisión de cerrar la RSE inscribe al COPNAF y, por extensión, al Estado Provincial en posturas contradictorias y cuestionables, en tanto que afectan estabilidades y derechos, cuando debieran garantizar su preservación. Una de las responsabilidades asumidas por nuestro Estado Provincial – encuadradas en las Leyes 26.061 y 9.861 – es desarrollar, preservar y profundizar políticas públicas de protección de derechos de niños/as y adolescentes, funciones que en el ámbito provincial se desarrollan especialmente, sin perjuicio de otras instancias, por medio de los SPD y las RSE. Por ello, vemos con suma preocupación lo que viene aconteciendo con la RSE El Sol, dado que se dejan cesante a empleadas que venían cumpliendo un papel fundamental en la atención de adolescentes embarazadas, víctimas de violencia y de otro tipo de vulneraciones, además, de afectarse la situación de los profesionales de planta con funciones en la institución, sometiéndolos a traslados sorpresivos e inconsultos, como consecuencia de decisiones, cuya falta de razonabilidad refuerza arbitrariedades. Decisiones que merecen ser ponderadas en cuanto afectan sensiblemente políticas públicas, áreas de servicios, lugares y puestos de trabajos, pero también por los efectos y consecuencias que tienen respecto de lo personal, familiar y lo vincular. Otro aspecto a destacar, es lo atinente a los procesos de intervención que se ven interrumpidos y/o discontinuados, desvinculación que afecta – con relativa irreversibilidad – a aquellas jóvenes que han venido atravesando diversas situaciones de vulnerabilidad, exponiéndolas a nuevas, con el agravante de ser el Estado quien contribuye a su victimización. Por medio de la presente, solicitamos a las autoridades del COPNAF la revisión de las medidas, con el fin de evitar la precarización y vulneración de sectores que vienen siendo históricamente vulnerados e instamos a priorizar la vía del diálogo y el consenso como método para abordar las situaciones complejas, problemas y conflictos. Aquí nuevamente surge la pregunta: ¿para quién estamos trabajando? para un estado que terceriza las funciones? que desvaloriza el trabajo de sus empleadas/os?, ¿qué dice proteger derechos que en su legitimación no son reales y que avasalla las reivindicaciones ganadas en décadas de reclamo por mejoras salariales.

No se puede seguir silenciando la voz de aquellas/os que a través de su hacer diario han intentado dignificar su trabajo, no se puede generar incertidumbre y dejar sin respuesta a aquellas/os que han confiado en el Estado, creyendo que estaban en un lugar de resguardo, no se puede seguir precarizando los ingresos, porque detrás de cada “número” existe una familia que espera sostenerse mes a mes con el salario que cada una/o de elles lleven a su hogar.

¿De eso no se habla, de esto no se opina? aquellas/os funcionarias/os que están cumpliendo un rol determinado, no deberían desoir la voz de quienes son pilares fundamentales en las instituciones.

En tiempos actuales la construcción de políticas públicas debería ser el eje transversal en el cual el fortalecimiento de derechos debería ir de la mano, y con el cierre de una institución, como la que se menciona, solo estamos agudizando el vaciamiento institucional que, de manera lenta y encubierta, se viene sucediendo desde hace décadas. Les personas que son parte de esta realidad, tratadas como objetos factibles de ser reubicados, la realidad del COPNAF es muy compleja, como lo es la realidad social misma pero este organismo tiene la función indelegable que no puede seguir ignorando, entre ellos, la de garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de niñas, niños y adolescentes, y en la normativa nacional y provincial.