Dichas situaciones se relacionan con el ejercicio profesional de trabajadoras y trabajadores sociales, reproduciéndose desde el sentido común la representación del ejercicio profesional como únicas y únicos responsables de los procesos de intervención; siendo que nuestras prácticas se encuentran compartidas con otras profesiones, atravesadas por la lógica institucional y la implementación de políticas públicas.

Por ello debemos decir, que nuestro ejercicio profesional se encuentra regulado por la Ley Nacional Federal de Trabajadores Sociales Nº 27.072/14 y por Ley Provincial Nº10.412/15, enmarcando al Trabajo Social como práctica y disciplina académica que promueve la transformación social. Caracterizado esto por los principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad; dónde el Estado, en todos sus niveles nacional, provincial y municipal es el garante de dichos derechos.

En ese sentido, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (CoPNAF) es la máxima autoridad provincial administrativa de protección de los derechos y garantías de niños, niñas, adolescentes y familias en Entre Ríos. Inmerso en el Sistema de protección integral de derechos, conformados por diversos actores como centros de salud, hospital, escuelas, sociedad civil, clubes, ONGs, justicia, entre otros; quienes, en el marco de la corresponsabilidad, abordan innumerables situaciones de desprotección que afecta cada vez más a este sector de la población más vulnerable. Por ello, es que se cuestiona su accionar cada vez que un caso particular de gravedad cobra visibilidad a través de los medios masivos de comunicación, buscando individualizar punitivamente la responsabilidad en algunos de los agentes públicos dependiente del Organismo, simplificando una realidad que tiene varias dimensiones y aspectos que la componen.

Entre esos aspectos se destaca el desborde de las instituciones competentes, debido, por una parte, al incremento de las problemáticas sociales a atender,  atravesadas en su mayoría por distintas violencias; y por otra, la falta de recursos materiales y humanos para atender las mismas. Agravado esto último por la creciente precariedad y maltrato laboral denunciado por las y los trabajadores, como también la Asociación de Trabajadores del Estado desde hace varios años.

Por ello, el COTSER considera necesario reflexionar sobre el abordaje que se realiza de las problemáticas sociales que involucran a la población vulnerable, especialmente a las infancias y adolescencias, por parte de la opinión pública.

En este sentido, se invita a la sociedad y a los medios masivos de comunicación en particular, a posicionarse desde parámetros éticos que nos permitan una convivencia democrática, garantizando la privacidad  y el cuidado de quienes sufren  situaciones inhumanas.

9 de mayo de 2022.